Disertan en la Legislatura sobre “Régimen Penal Juvenil en la Región”

Esta mañana se desarrolló en el Salón de las Dos Constituciones la tercera jornada “Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal”, organizada por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que funciona en el ámbito de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, en su rol de órgano de Derechos Humanos para el monitoreo de las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad.

En esta oportunidad, la actividad estuvo centrada en modelos de provincias argentinas que han actualizado sus legislaciones respecto del régimen penal juvenil, así como el régimen vigente en la vecina República del Paraguay. Asistieron funcionarios de los Poderes Legislativo y Judicial, de la Policía de Misiones, del Servicio Penitenciario y otras organizaciones vinculadas a la temática.

Por esto, disertaron los jueces; de Misiones, César Jiménez; de Entre Ríos, Pablo Barbirotto; y de Catamarca, Rodrigo Morabito. Además, los referentes de comisiones de Prevención de la Tortura; de Paraguay, Dante Leguizamón; y de Argentina, Enrique Font y Gustavo Palmieri.

Durante la apertura, el presidente de la comisión de Legislación del Parlamento Misionero, Juan Pablo Ramírez manifestó la apertura de este Poder del Estado, “para generar espacios de formación en diferentes áreas”.

Este tema, explicó el legislador, “tiene dos cuestiones importantes: la institución de la privación de libertad y represión penal; y por otro lado, la situación de los niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema penal por vulnerabilidad, como sujetos de derechos”.

Respecto del trabajo que desarrolla la Cámara de Representantes, recordó que durante este año “hemos dictaminado sobre un proyecto de Ley del diputado Rovira para la creación de centros modelo de asistencia y seguimiento de niñas, niñas y adolescentes que ingresan al sistema penal, como instancia única y administrativa”.

La iniciativa, especificó, “tiene por objeto brindar un servicio interministerial e interdisciplinario para la protección de sus derechos antes de que ingresen al sistema penal”.

Más adelante, el secretario legislativo a cargo del Digesto Jurídico, Miguel Ángel Iturrieta consideró que esta jornada “es fundante de un futuro proyecto integral a fin de que se aborde el problema del niño, niña y adolescente dentro de los ámbitos penales”.

“A nivel nacional, el hecho de que no exista una ley penal, un procedimiento para aquellos niños, niñas y adolescentes que presuntamente han incurrido en algún tipo de delito, muchas veces perjudica a los que menos tienen”, manifestó.

Por esto, argumentó, “es muy necesaria una ley para cubrir integralmente esos procedimientos”.

El juez Jiménez, en tanto, agradeció la posibilidad “cierta y seria” de abordar esta temática en la Casa de las Leyes “para que haya, procesalmente, una legislación conforme a los estándares internacionales”.

La justicia es el “último eslabón de la problemática”, advirtió el magistrado. “Cuando el niño llega a los ámbitos penales ya el conflicto está desatado, y tenemos que buscar la alternativa válida para poder intentar reconstruir lazos familiares rotos y también reintegrar al niño a la sociedad”.

Por último, la presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Rita Núñez señaló que “el régimen penal juvenil es la base legislativa que hace falta para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal puedan ser resguardados”. Además, destacó el trabajo conjunto “para que los cambios se puedan realizar”.

Comisión de prevención de la tortura, malos tratos y penas crueles de Misiones

Creada por Ley IV 65, se propone visibilizar la problemática llevando a cabo jornadas académicas sobre proyectos, acciones llevadas adelante, discusión de propuestas y alternativas para la adecuación no sólo de normativa e infraestructura, sino en el trabajo de las personas a cargo del cuidado de los jóvenes, a fin de generar el impulso y apoyo necesario para lograr la necesaria adecuación en el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal.